En relación a la recientemente modificada Ley Antiterrorista, la Derecha se apresuró a hacer declaraciones sobre ésta, adjudicándose en forma poco discreta los «avances» en materia de seguridad, conseguidos mediante su presión. Su presión para la supresión.
Agentes encubiertos, escuchas y un no insignificante cambio en cuanto a la conceptualización del terrorismo, son sólo algunas de las novedades con las que tendremos que lidiar los próximos años, cuyo espíritu de la ley no sólo ataca al terrorismo per se, sino también a la particularidad.
Hay un detalle que no debe pasar desapercibido; Senator Alberto Espina dixit:
Si una persona, cualquiera sea su religión, origen étnico, su condición sexual, su nacionalidad comete un delito que es tipificado como terrorista, hay que aplicarle todo el rigor de la ley porque en un estado de derecho democrático no hay excepciones. Todos los chilenos tienen exactamente los mismos deberes y los mismos derechos y nadie puede pretender por su origen étnico va a tener una especie de manto de impunidad para no responder.
Claramente, el senador Espina está haciendo una referencia implícita a la acción de grupos mapuches/pro-mapuches. Aun siendo cierto que la acción de pueblos originarios pudiera tener algún tipo de preferencia o impunidad por parte de la political correctness, tampoco debe ignorarse que se prepara un camino hacia la proscripción de todo tipo de acción de los grupos que efectúan reivindicación étnica originaria.
Es posible que aquellos románticos auto-definidos como nacionalistas aplaudan este accionar —la ley pareja— que busca considerar a todos los habitantes como iguales a través de la abolición, primero, de las diferencias, y luego bajo el no reconocimiento del grupo de pertenencia («todos somos chilenos»). Sus anhelos podrían tener algún sentido si es que el Gobierno y Estado velaran por sus intereses, algo que ya se ha visto que no es así (revisar aquí y acá).
Mirando un poco más allá, podremos comprender que la consideración basal de igualdad repercute en una invisibilización de la diferencia, es decir, todos son lo mismo, ergo, ningún grupo podrá identificarse desde su etnicidad: no es sólo un no reconocer a los pueblos originarios, es no reconocer a ningún grupo en lo absoluto, aun si, ocurriendo un milagro, las masas criollas superaran su comodidad occidental y decidieran hacer algún tipo de reivindicación.
La sociedad moderna y la corrección políticas son enemigas del particularismo cuando se trata del reconocimiento de lo «opresivo», es decir, las grupos humanos blancos, a quienes se les culpa no de hacer cosas en desmedro del resto, sino por tener la capacidad de estar mejor que el resto, algo imperdonable en una época de alabanza a la victimización y al derrotismo.
Aun siendo los otros pueblos tratados con mayor preferencia, en relación a los pueblos de raza blanca, el exigir igualdad de derechos no es honorable, pues sería caer en la victimización para la consecución de metas, que es la misma arma de la que se valen los grupos de presión que han socavado la vitalidad de Occidente.
Más igualdad no significa más justicia. Y si lo fuera, ¿a quién le interesa llorar por los derechos a una justicia políticamente correcta?