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Hace unas semanas atrás, el 6 de mayo del presente para ser más preciso, se aprobó en el Congreso la idea de legislar sobre el llamado “Control de Identidad Preventivo”, el cual tiene por objetivo, entre otras cosas, otorgar amplias facultades a Carabineros de Chile para que puedan cumplir su labor de garantizar el orden público y la seguridad social.

Algo tan simple como aquello, se puede observar sin mayor objeción; incluso para los más conservadores, amantes del orden y la seguridad, puede ser visto como algo normal y deseable, pues bajo su lógica que “ante mayor seguridad nos otorgue el Estado, mucho mejor”, esto sería algo muy positivo y que, en cierta medida, viene a darles la razón cuando se quejan por las múltiples manifestaciones sociales y las “acciones delictuales” de los manifestantes.

Sin embargo, a la hora de calificar como positiva o negativa la decisión de legislar a este respecto, debe tenerse en cuenta que no sólo se trata de entregar fuertes facultades para el cumplimiento de un determinado deber ni para la ejecución correcta de ciertas tareas que le son propias a las policías, sino que el dar mayores atribuciones a las fuerzas policiales significa que el ejercicio de funciones de control y represión ante la sociedad serán mucho más fuertes y gravosas.

Ahora bien, adentrándonos un poco más en el contenido del proyecto que, eventualmente, será presentado ante el Congreso, podemos observar que, claramente, las medidas establecidas en éste tienen un carácter mucho más intrusivo y agresivo que las actuales disposiciones vigentes que tratan la materia. Así, entre otras acciones permitidas, nos encontramos con que Carabineros, en el ejercicio del control preventivo, podrá:

– Solicitar la identificación de cualquier persona que se encuentre en, o en las inmediaciones de lugares u objetos especialmente expuestos a peligro;

– Los lugares u objetos especialmente expuestos a peligro pueden consistir en edificios públicos, establecimientos de salud, instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas, instalaciones de telecomunicaciones, centrales de abastecimiento de transporte público, entre otros;

– Solicitar la identificación de cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde sea previsible razonablemente la ocurrencia de hechos delictuales;

– Durante el procedimiento de requerimiento de identificación, los/las funcionarios/as policiales podrán proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona sometida a control;

¿Podría alguien imaginarse que, estando en un Estado democrático, el cual supuestamente aboga por mayor y mejores derechos, se esté legislando para establecer mayor represión contra la sociedad? ¿No son acaso estas medidas gravosas para la sociedad que, frente al poder estatal, está claramente en desmedro? ¿Son acaso estas medidas necesarias en un Estado que ya tiene una cuota de poder suficiente sobre nuestras vidas?

Claramente, las políticas de Estado, específicamente en estas materias, están cada vez más destinadas a ejercer control sobre nuestros actos. Sin embargo, quienes sentimos el llamado a actuar y luchar, sin importar que ello implique acciones que puedan estar fuera de lo permitido, seguiremos actuando como hemos hecho hasta ahora y ni ley alguna ni la represión del Estado nos callará. Pues es el ser humano el que antecede a las leyes, no al revés.