Se nos había quedado algo en el tintero, respecto al Proyecto de Nueva Ley Antiterrorista.

Si usted entra al sitio web del Ministerio de Justicia, se topará con una noticia titulada Ministros del Interior y Justicia entregan a Comisión de Constitución del Senado Proyecto de Nueva Ley Antiterrorista. De ésta, extraigo el siguiente párrafo. Las negritas son mías:

La nueva ley contempla hasta tres años para las indagaciones y el Ministerio Público deberá guardar secreto de la investigación. También, incorpora las figuras de “asociación criminal terrorista” –cuya finalidad sea cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio- y “delincuencia terrorista”, al tiempo que persigue crímenes cuyo propósito sea “socavar o destruir el orden institucional democrático, imponer exigencias a la autoridad política o arrancar decisiones de ésta”.

No estando familiarizado en lo absoluto con el derecho, ni la ley, ni mucho menos con el respeto a las normas (exceptuando los semáforos), no me es muy difícil de imaginar lo grave que es para cualquier estructura que se desacaten las reglas que ayudan a normar dicha estructura, sobre todo si se trata de una estructura coercitiva que deba ser impuesta sobre el individuo.

Si «terrorismo» se utilizaba para designar a las actividades violentas que, con o sin el afán de perseguir un objetivo claro, sembraban terror sobre la población o sobre un sector de ésta, lo cierto es que el terrorismo tiene siempre una direccionalidad bottom-up, jamás top-down, y cómo no, si es desde las estructuras que funcionan top-down que se hacen las acusaciones de terrorismo.

El terrorismo top-down, que no necesariamente es implícito (hay quienes no tienen mayor reparo en ejercerlo y demostrarlo), se manifiesta a través de formalidades que parecen hermosas en la mente humana: orden, orden establecido, paz, orden institucional democrático. De esta manera, y gracias a un gradiente de poder detentado, es siempre el individuo, grupo, facción que desafía al orden establecido el que puede ser tratado como «terrorista», jamás el Gobierno o Estado que ejerza medidas que infundan terror, así como el terror top-down para combatir el terror bottom-up se vuelve una medida necesaria y justificada por la población, por lo que se le desprende de su condición «terrorista».

Si «terrorismo» se utilizaba para designar a las actividades violentas que, con o sin el afán de perseguir un objetivo claro, sembraban terror sobre la población o sobre un sector de ésta, ahora ya no es necesario sembrar el terror, sino que basta con socavar el orden institucional democrático. Esta máxima, inofensiva para algunos (sobre todo para aquellos conservadores que están felices y satisfechos con el orden establecido, i.e., conservadores del liberalismo), esconde bajo su sombra una trampa, cual «efecto paraguas»: no se explicita que sea la violencia el método de demanda ante la autoridad (el clásico monopolio de la violencia por parte del Estado), sino que apunta a un ambiguo término «crímenes», que puede incluir cuantas acciones sean consideradas como tales en función del tiempo.

Si lo que ayer era legal (o, mejor dicho, no era ilegal), mañana perfectamente puede ser ilegal.

Si la Democracia se ha vuelto la verdad absoluta y la regla con que todo se mide, significa que la Democracia es lo establecido. Si la Democracia es la verdad y también lo establecido, entonces cuestionar dicha verdad puede dejar en tela de juicio su condición de absoluto, y de esta manera, puede ser amenazada su estabilidad. No es necesario atentar sólo físicamente contra el orden establecido para socavarlo, también hay formas más «sutiles» de causar efervescencia, o sencillamente de demostrar el descontento frente al orden establecido.

¿Quién asegura que los paros y huelgas no vayan a ser considerados como terrorismo en un futuro no muy lejano?

¿Quién asegura que un espacio cibernético como éste no vaya a ser considerado como terrorista en el futuro, debido a que nos manifestamos en contra del multiculturalismo y multirracialismo fomentado por el orden institucional democrático?

La libertad está en proceso de extinción. Esperemos que el Estado tenga reales razones para temer.